Representantes del gobierno de República Dominicana negaron la realización de expulsiones arbitrarias masivas de su territorio de dominicanos y/o inmigrantes por cuestiones raciales, como ha sido señalado ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos por presuntas víctimas de esas deportaciones y cuyos delegados sostienen son parte de un patrón de discriminación que se mantiene hasta la fecha.